El juez Ferrín Calamita en La Linterna: "Soy católico pero acato la ley"

El juez Calamita, ha insistido en que él no había denegado la adopción a una pareja de lesbianas, sino que, ha aclarado "solamente quería saber si esa adopción iba a ir en perjuicio de la menor" y afirma que no se dio cuenta en que incurría en algo "políticamente incorrecto".

Asegura Ferrín Calamita que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia llamó para "presionarle" y pedirle "que se fuera de Murcia" ya que su actuación, afirma que le dijo, "había causado un grave daño al sistema".
Además, afirma, el presidente del TSJ de Murcia, le increpó que "un católico no puede estar en un juzgado de familia". Sin embargo, asegura Calamita, no se "plegó ni bajo la cabeza "y de ahí, "todo el proceso judicial".
En respuesta, el juez ha alegado que, es católico pero "acata la ley", y para demostrarlo ha señaldo que en su trayectoria ha dictado muchas sentencias de divorcio, aún estando "en contra" de éste. En el momento, ha insistido, en que no acate la ley "me marcho del juzgado".
Incluso, afirma el juez, el abogado de la pareja de lesbianas le propuso "pagar 10.000 euros e irse de Murcia" a cambio de "retirar la querella".
El juez Ferrín Calamita lleva diez años al frente del juzgado de Familia de Murcia, tiempo, en el que "no ha recibido ningún tipo de sanción". Incluso ha destacado, ese juzgado "está dentro de los mejores de la región Murcia", y lo demuestra el hecho de que "estaba percibiendo un plus de productividad por exceso de celo".
En su opinión, está siendo un "chivo expiatorio de aviso a navegantes para que nadie se atreva a ir contra una ley aprobada por las Cortes", cuando en realidad "si un juez duda de si una norma es contraria a la Constitución, puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad".
El pasado día tres de diciembre tuvo lugar la última sesión del juicio contra el juez Fernando Ferrín Calamita donde quedó visto para sentencia. La resolución abordará si el magistrado es culpable o no, de retrasar, supuestamente, la adopción de una niña por una pareja de lesbianas.
La fiscalía ha pedido imponerle una pena de nueve meses de prisión con una cuota diaria de tres euros, e inhabilitación durante 18 años. En su alegato final el acusado se ha mostrado visiblemente afectado, y reiteró que se trata de un juicio político e ideológico.