La Iglesia hace un lobby feroz en el Senado santafesino para bloquear la sanción de la Ley de Unión Estable de Parejas. Bruno Bimbi.
Derecho al pecado. El socialismo ya logró el voto de los diputados provinciales. Faltan los senadores.
Cuando era candidato, Hermes Binner firmó una declaración nacional a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y se comprometió a que, si era electo gobernador, promovería una legislación local que garantizara a las parejas santafesinas todos los derechos que dependiesen del Estado provincial. Si bien hay cuestiones importantes (herencia, obras sociales, adopción, derechos migratorios, etc.) que dependen de leyes nacionales, la provincia podría garantizar la pensión a viudos y viudas gays y lesbianas a través de su caja previsional, permisos laborales por enfermedad de la pareja, acceso a planes de vivienda y otros derechos que el Estado santafesino ya reconoce a los heterosexuales.Con esos objetivos, el proyecto de ley de Unión Estable de Parejas, incluido en la plataforma electoral socialista a pedido de la asociación local VOX y el grupo Socialistas LGBT (organizaciones de base de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), fue presentado por la legisladora Lucrecia Aranda en la Cámara de Diputados y obtuvo la media sanción el pasado 14 de agosto. Ahora debe ser tratado por el Senado, y la Iglesia católica ha iniciado una feroz campaña contra su ratificación: saben que en esa cámara la mayoría no responde a Binner sino a Carlos Reutemann.En las últimas semanas, los senadores provinciales comenzaron a recibir una lluvia de cartas, emails, llamados telefónicos y hasta insistentes mensajes de texto en sus teléfonos celulares. El activismo católico está jugando sus fichas para impedir que se apruebe cualquier tipo de legislación a favor de los derechos humanos de las parejas homosexuales: “Los intentos por hacer que la familia sea jurídicamente equivalente a formas radicalmente diferentes de unión que en realidad la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscurece (sic) su carácter particular y su papel social insustituible”, decía uno de los correos electrónicos en cadena recibidos por los legisladores. Pero era sólo el comienzo:* La Junta Arquidiocesana de Educación les escribió a la vicegobernadora y a los senadores, advirtiéndoles que “desde un punto de vista biológico-natural” sólo puede reconocerse como unión estable la de un varón con una mujer y que “el bien común debe estar por encima de los intereses particulares y este proyecto atiende a un sector minoritario sin considerar la idea de familia generadora y contenedora de hijos”.* La Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familia de Colegios Católicos de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz distribuyó su propia carta, en la cual afirma que legalizar las uniones homosexuales “agravia a los padres de familia santafesinos” y es “un acto de discriminación y perjuicio a los padres de familia” que “menoscaba y condiciona la educación de sus hijos”. En otro párrafo, con una curiosa interpretación de la ciencia, la gramática y la ortografía, los padres católicos explican que “la sociedad humana podrá sobrevivir con una adecuada procreación que sólo lo puede asegurar la unión de un hombre y una mujer, si no veamos hoy en día lo que nos acredita el ADN, que hay sólo dos tipos de cromosoma XX (femenino) y XY (masculino), no dejando duda que no hay otro tipo de sexo, y que a través de ellos se puede asegurar la supervivencia de la humanidad (sic)”.* La Universidad Católica de Santa Fe, en una carta firmada por su rector, Dr. Gerardo Nelson Galetto, les pide a los senadores que no aprueben la ley porque “considerada el caso (sic) de la pareja homosexual, es obvio que biológica y antropológicamente no es, la suya, la situación de la pareja heterosexual. No es posible entre ellos la complementariedad a que se encuentra dispuesto cada sexo y la procreación abierta a perpetuar la especie. Los heterosexuales son diferentes a los homosexuales por lo que no existe discriminación cuando se prohíbe a éstos el acceso a una institución que por el orden de la naturaleza se encuentra dispuesta a la pareja de doble género, hombre y mujer”. Más adelante, el doctor Galetto se pregunta: “¿Sería reconocido el derecho pensión (sic) nacido con la muerte de una ex-empleada a la hermana de ésta con la cual envejecieron juntas en casta comunidad?” y sostiene que los mismos cuestionamientos que la Iglesia hace al matrimonio “homo-sexual” serían aplicables a la ley de Unión Estable de Parejas “salvo que en la misma se pusiera el acento definitorio en la ‘comunidad afectiva’ que no necesariamente implique las relaciones sexuales”.* La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe envió su propia carta a los senadores, en la que sostiene que el proyecto es “notoriamente inconstitucional, antisocial, contrario a la moral media de nuestro pueblo e inaceptablemente inoportuno”, constituye una “cuña confrontativa” y está “directamente encaminado a socavar la institución familiar”. Por último, la nota aclara que no juzga ni condena “a quienes como hombres y mujeres tienen alterada su definida verticalidad sexual” y, por si los argumentos anteriores no resultan convincentes para los legisladores, indica que legislar sobre los derechos de las parejas homosexuales “no es prioritario” y debería posponerse para “mejores tiempos”.* Por último, el propio obispo de la provincia, mons. José María Arancedo, pronunció un discurso contra el proyecto, en el cual sostuvo que “afirmar la heterosexualidad como requisito para el matrimonio no es, en una sana lógica de pensamiento, discriminar, sino partir de una exigencia objetiva que tiene como presupuesto esta característica. Lo contrario sería desconocer su identidad, es decir, no partir desde lo que es. Hay un falso sentido de igualdad que no pertenece al orden de la justicia, porque violenta lo propio de cada realidad”.EN MANOS DE REUTEMANN. La coalición entre socialistas y radicales, pese a la presión eclesiástica, mantiene su respaldo al proyecto. El senador Juan Carlos Zabalza, presidente del bloque Encuentro Progresista, adelantó a este diario su voto afirmativo y se mostró confiado en que la ratificación de la ley “será un paso positivo hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, con igualdad de oportunidades ante la ley. Se trata de reconocer la realidad que presentan estas uniones, que son el libre resultado de la autodeterminación de las personas y merecen ser reconocidas por el derecho”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, se mostró orgulloso por la decisión de ese cuerpo, que votó la media sanción casi por unanimidad (nueve legisladores justicialistas se abstuvieron): “Hemos conformado una nueva mayoría parlamentaria con el objetivo de construir un nuevo estado, más cercano, más humano, que reconozca a todas y todos sus integrantes por igual. Cada avance legislativo que amplíe el acceso a los derechos para más ciudadanas y ciudadanos nos hace mejores como provincia, como santafesinas y santafesinos”. El proyecto está ahora a consideración de la Comisión de Derechos Humanos, Asistencia y Seguridad Social del Senado, y la incógnita es qué posición tomará el bloque justicialista, que tiene mayoría en esa cámara. El senador Ricardo Spinozzi, titular de esa bancada, respondió a Crítica de la Argentina que todavía no ha definido una posición. Obligados a elegir entre los derechos humanos de las parejas de gays y lesbianas y la simpatía de la Iglesia católica, los senadores que siguen a Carlos Reutemann tendrán la última palabra.
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